Manejo en estado de ebriedad

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La ley Emilia fue dictada para modificar la ley de tránsito chilena vigente (ley 18.120), que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad que causa daño a las personas.

La ley Emilia viene a sancionar con cárcel efectiva de mínimo un año , hasta diez años a las personas que conduciendo en estado de ebriedad que provoquen lesiones graves, lesiones gravísimas o incluso la muerte a otra persona. Además la ley viene a establecer como delito el hecho de fugarse del lugar donde haya ocurrido el accidente y posteriormente negarse a realizarse el examen de alcoholemia.

En dicho caso, la persona será sancionada pero no se le va a aplicar la Ley Emilia, sino, la Ley de Tolerancia Cero, la cual bajó los límites permitidos al mínimo de alcohol en la sangre para los conductores.

En este caso tenemos que distinguir: si se trata de una persona que conduce con licencia cancelada o inhabilitada, o bien, esta persona es considerada conductora profesional, o bien, se trata de una reincidencia del delito, (todas estas son agravantes del delito) la pena de cárcel podría ser desde cinco años y un día a diez años. Por otro lado, si no se tratare de los casos mencionados recientemente, la pena de cárcel fluctuará entre los tres años y un día hasta los diez años.

Es importante, antes de responder a esta pregunta, precisar que esta sanción se aplica independientemente haya habido consumo de alcohol por parte del conductor o no. Ahora bien, en el caso en que el conductor se da a la fuga no provocando ningún tipo de daño o lesión la sanción aplicada podrá ser una multa de 3 a 7 UTM (unidades tributarias mensuales) y, la suspensión de la licencia de conducir por un período de hasta un mes.

En este caso la sanciones que se aplican son: pena de cárcel de 541 días hasta incluso tres años; multa de 7 a 10 UTM (unidades tributarias) e inhabilidad perpetua para conducir.

En este caso las sanciones que se aplican son: pena que puede fluctuar entre los tres años y un día hasta cinco años; una multa de 11 a 20 UTM (unidades tributarias mensuales); comiso del vehículo que haya provocado el accidente y; inhabilidad perpetua para conducir.

Frente a una situación como aquella, es recomendable, en primer lugar, detener el vehículo que se está conduciendo; prestar la ayuda inmediata a las personas afectadas por el accidente y; avisar al instante a la autoridad del hecho ocurrido.

La Ley Emilia va a establecer que el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de un accidente en el cual sólo se produzcan daños, será sancionado con una multa de 3 a 7 UTM (unidades tributarias mensuales) y además, con la suspensión de la licencia de conducir hasta por un mes.

Pero además, la presente ley va añadir que frente al incumplimiento de detener el vehículo, de prestar la ayuda posible a los afectados y de dar aviso a la autoridad de un accidente en donde se produzcan lesiones, se sancionará a la persona con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilidad de carácter perpetua para poder conducir y además, una multa de 7 a 10 UTM.

Sin embargo, en casos mas graves como la muerte la sanciones podrán ser aún mayor. Estas penas se van a aplicar sin perjuicio de las que correspondan por la responsabilidad penal o civil que pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito. (esto vendría a ser la novedad frente a lo anterior)

Frente a esta negativa, la ley prescribe que la persona podrá ser sancionada por una multa de 3 a 10 UTM y con la suspensión de la licencia de conducir que podrá durar hasta un mes. Sin embargo, en caso de accidentes que produzcan lesiones en donde la víctima resulte demente, inútil para el trabajo, imponente, impedido de algún miembro importante, deforme, o incluso le provoque la muerte, y se negare a realizar dicho examen (o bien realizare alguna maniobra tendiente a afectar sus resultados), serán castigadas con la pena de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 a 20 UTM, inhabilidad perpetua para conducir y comiso del vehículo con el que se cometió el delito.

Todo esto, no obstante la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito que se le pueda demandar al conductor.

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