Las medidas cautelares son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado, que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de parte interesada y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación.
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Se clasifican en medidas cautelares personales y reales según afecten la libertad personal o la libertad de disposición patrimonial o administración del imputado y dependiendo de la medida que se decrete, tendrá por objeto asegurar los fines del procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima y/o asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización a esta.
Tenemos medidas cautelares reales y medidas cautelares personales.
Entre las medidas cautelares personales podemos mencionar: la citación, prisión preventiva, privación de libertad domiciliaria; sujeción a la vigilancia de una persona o institución; obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; prohibición de salir del país; prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; prohibición de comunicarse con personas determinadas; prohibición de acercarse al ofendido o su familia.
En tanto, se consideran medidas cautelares reales las precautorias autorizadas en el título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.
Generalmente tienen por objetivo:
La diferencia recae en que las medidas de protección se basan en el derecho de la víctima de un delito frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. La Fiscalía está obligada a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal, ya sea decretando o solicitando medidas de protección. En ciertos casos graves y calificados algunas de esas medidas pueden ser otorgadas a testigos y peritos.
Sí, puesto que la finalidad de algunas de estas medidas es precisamente garantizar la asistencia del imputado al juicio.
Estas son las siguientes:
Los encargados de fiscalizar que se cumpla con las medidas cautelares impuestas son las policías (Carabineros y Policía de investigaciones), quienes deben informar al juzgado de garantía competente sobre su cumplimiento o no a través de oficios.
Es importante señalar que no se puede responder de manera absoluta a esta interrogante, ya que para poder determinar si son o no eficientes se deben realizar entre otros una serie de estudios al sistema procesal penal, análisis de las estadísticas respecto a si estas medidas han ayudado a asegurar los fines del procedimiento, si se ha garantizado a través de ellas la seguridad de la víctima, etc.
Por otro lado, si el análisis se realiza desde la perspectiva de la víctima, podría decir que estas medidas son deficientes, pues no basta solo con que se decreten las medidas, sino que además es imperativo que hayan instituciones que puedas vigilar que se estén cumpliendo. En la práctica, no basta con que carabineros asista de manera esporádica a chequear que el imputado por ejemplo se encuentre en su domicilio (arresto domiciliario) o que no se acerque a la víctima (caso de medidas de alejamiento).
Finalmente si se miran estas medidas desde la perspectiva del imputado, resulta que en muchas ocasiones se decreta la medida cautelar más gravosa de todas (prisión preventiva) para evitar que el imputado se fugue y sin embargo resulta ser inocente.
Sin duda nuestra legislación debe avanzar a que las medidas cautelares garanticen de mejor manera la seguridad de la víctima y también establecer mecanismos que puedan asegurar al imputado no estar privado de libertad cuando en realidad sé es inocente.
Los requisitos comunes que han de existir respecto de las medidas cautelares personales están están señalados en el artículo 122 de nuestro Código Procesal Penal, el que establece que sólo serán impuestas en los siguientes casos:
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