En el año 2016 el Senado de la República de Chile aprobó la ley de fomento de reciclaje y responsabilidad extendida del productor. Esto con el fin de que en el futuro sea posible un desarrollo sustentable, es decir, la posibilidad de avanzar tecnológicamente al mismo tiempo que cuidamos del medio ambiente en que nos desenvolvemos.
El objetivo central de la ley, es que todos los productores o importadores de “productos prioritarios” deben hacerse cargo de los bienes una vez que terminan su vida útil. Es decir, estos productos “inservibles” deben volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución. Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto.
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Son aquellos sobre los que urge tener una gestión responsable ya sea por su volumen, peligrosidad u oportunidad de valorización. La actual versión de la ley de fomento al reciclaje de nuestro país los define como aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, revistas, diarios, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, vehículos, y plaguicidas.
Deberán separar y entregar el residuo de los productos prioritarios a uno de los gestores autorizados (las empresas, los municipios y los recicladores de base). Los recicladores contarán con una definición especial que les reconocerá como gestores para la ley de fomento al reciclaje. Además de esto, se registrarán y se certificarán en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
La Superintendencia del Medio Ambiente estará a cargo de fiscalizar que las empresas recolecten sus productos bajo las normas ambientales vigentes y que cumplan las metas para cada producto. En caso contrario, podrá multar a la empresas o, incluso, prohibir la generación o venta del producto.
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